El gobernador del Estado debe separar de su cargo al titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Álvaro García Chávez, por las irregularidades que ha cometido y que parecen actos de corrupción y que incluso aceptó cínicamente. Dicha petición la hacen los Diputados locales, a través de un punto de acuerdo que firman los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y de la Revolución Democrática (PRD. En representación de las fracciones parlamentarias del PRI, PVEM y PRD , el legislador priísta Salvador Arellano Guzmán, puntualizó que las irregularidades y presuntos actos de corrupción que se cometieron en esa dependencia del gobierno estatal deben ser investigados a fondo y sancionar a quienes resulten responsables, incluido García Chávez, quien –insistió- debe ser separado de su cargo. Durante la segunda sesión ordinaria de pleno del Legislativo local, Arellano Guzmán explicó que el pasado 17 de febrero se presentó ante el Legislativo una petición para solicitar a la Auditoría Superior del Estado (ASEJ), que revise las cuentas públicas de los años 2009 y 2010 de la Seder, además de que interponga denuncias y procedimientos de responsabilidad a quien o quienes resulten responsables por presuntos desvíos de recursos. “El día 13 de mayo del 2011 se recibió una comunicación dando respuesta del asunto por parte del entonces Secretario General de Gobierno, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, manifestando que la Contraloría del Estado, dentro de su programa anual de auditorías, incluiría la revisión de los estados contables de la citada Secretaría, en la que se revisaría el manejo de los fondos y programas a cargo de dicha dependencia, sin que a la fecha tengamos certeza de que se haya atendido el asunto de manera clara y puntual”. Recordó que un medio de comunicación local, publicó el 17 de febrero de este año, que la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías en la aplicación de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal, por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, a cargo de Álvaro García Chávez, el cual realizó adjudicaciones directas en obras para la construcción de un camino para el acceso a una presa, en el municipio de Cabo Corrientes, por 11 millones 733 mil 900 pesos, también se desviaron 9 millones 733 mil pesos, para compensaciones ambientales en pagos a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. “El monto de las anomalías asciende a 21 millones 876 mil 600 pesos. La Auditoria Superior de la Federación señaló que existe un daño a la Hacienda Pública Federal, por lo que pide a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, reintegre dichos montos más intereses generados. Estos datos confirman lo que anteriormente se había denunciado por parte del PRI, en esta Legislatura”. Además, enfatizó, dentro de la Glosa del V Informe de Gobierno, el pasado 13 de febrero de este año, compareció a dar cuenta de sus actividades el Secretario de Desarrollo Rural, quien en presencia de los diputados asistentes, representantes de medios de comunicación y público en general, no tuvo problema en aceptar y confirmar los señalamientos que se le hicieron, por presuntamente utilizar maquinaria de la dependencia a su cargo para realizar trabajos privados tanto en el rancho de su propiedad como de familiares y amigos.